miércoles, 17 de junio de 2009

PREPARANDO LA NUEVA LEY GENERAL DEL AUDIOVISUAL


Se habló de ello en ... las II Jornadas ConTD
La nueva Ley general del Audiovisual y los cambios en el modelo de financiación de la televisión marcaron el debate en las II jornadas ConTD. A principios del presente mes de junio, la Universitat de València acogió a los principales expertos, profesionales y directivos de televisión para analizar las novedades en la regulación del sector audiovisual.
El anuncio hecho público por el Gobierno de eliminar la publicidad de RTVE y compensar el presupuesto con una tasa sobre las televisiones privadas y las compañías de telecomunicaciones e Internet no ha dejado indiferente a nadie.Según establece el borrador de Ley del Audiovisual en el que está trabajando el Ejecutivo español, para mantener la oferta de contenidos, los estándares de calidad y servicio público y la plantilla actual de 6.400 trabajadores, RTVE necesita un presupuesto de 1.100 millones de euros. Con la supresión de los 550 millones de ingresos directos a través de la publicidad para el próximo mes de septiembre, RTVE necesita un plan de financiación adicional que tendría tres niveles: una tasa del 3% sobre los beneficios brutos de las televisiones privadas; un impuesto del 0’9% a los operadores de telecomunicaciones que suministran servicios audiovisuales, como televisión por Internet o a través de la telefonía móvil; y un porcentaje de la tasa que los operadores de radio, televisión y telefonía pagan al Estado por la utilización del espacio radioeléctrico. A cambio, tanto las televisiones privadas como los operadores de telecomunicaciones podrán beneficiarse de la publicidad que liberaría RTVE.
Se trata de un modelo de financiación similar al impuesto recientemente en Francia por el presidente Nicolas Sarkozy, aunque no incluye la aplicación de un canon por tenencia de televisores y que en el caso francés asciende a 150 euros al año.
Las televisiones privadas comerciales agrupadas en Uteca han recibido la noticia con cautela, porque a pesar de ver satisfechas algunas de sus propuestas también desean que se reduzca la publicidad de las televisiones públicas autonómicas. Además, esta tasa se añadiría a la que pagan actualmente para la producción de cine y que se sitúa en el 5%, lo que consideran un abuso. Para compensarles, el Gobierno plantea la posibilidad de abrir el abanico e incorporar las series de televisión dentro de esa cantidad. Se trata de una vieja reivindicación de las televisiones comerciales a la que se oponen abiertamente los productores de cine agrupados en Fapae, que alertan ante la posibilidad de que toda la inversión de ficción se concentre en las series y se abandone el cine español.
Más críticos todavía con la decisión del Gobierno se han manifestado las empresas de telecomunicaciones, quienes cargarán en el usuario la tasa destinada a financiar RTVE. Entre otras medidas, planean incluir en las facturas de sus clientes la cuota desglosada que se dedica a pagar la televisión pública. También preparan acciones judiciales, tanto en España como en la UE, aunque lo cierto es que algunas compañías que operan en España están asumiendo en Francia una tasa similar por el mismo motivo.
TDT de pago: a propósito de la Sexta
Con todo este panorama todavía incierto, La Sexta ha presentado recientemente ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones una solicitud para emitir TDT de pago. Se trata de una posibilidad no contemplada en la licencia del canal, que, según el pliego de condiciones del concurso publicado en el BOE el 30 de julio de 2005, sólo puede emitir programación en abierto.De momento, el Gobierno no ha autorizado la TDT de pago, aunque no se descarta; como sucede con las fusiones entre cadenas de las que tanto se está hablando últimamente.
Consejo de Medios Audiovisuales...
Además del debate sobre el modelo de financiación, la futura Ley del Audiovisual incorpora otras cuestiones de interés en su intento por regular tanto el sector público como el privado. Por ejemplo, esta Ley marco establecerá por primera vez una clara diferenciación entre los contenidos de las televisiones públicas y privadas. En esa línea, las televisiones reflejarán la diversidad cultural y lingüística de la sociedad. Para hacerlo efectivo, reservarán el 51% de sus emisiones a producciones europeas, la mitad de las cuales serán realizadas en cualquiera de las lenguas oficiales de España. Asimismo, se regulará la televisión portátil y el sector radiofónico.Por otra parte, en la Ley se quiere incluir el Consejo de Medios Audiovisuales, una autoridad independiente presente en casi todos los países de la UE y que se encargará de velar por la transparencia empresarial de los operadores, por respetar los compromisos de programación, los límites publicitarios y las inversiones en producción audiovisual. En la actualidad, en España hay consejos autonómicos en Navarra, Cataluña y Andalucía.

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